En una resolución de fuerte impacto político y judicial, el ex diputado José Luis Espert fue procesado por presunto lavado de dinero por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli. Además de resolver su procesamiento sin prisión preventiva, el magistrado le dictó la prohibición para salir del país y le trabó un embargo millonario sobre sus bienes por la suma de 1.000 millones de pesos.

El origen de la causa se remonta al análisis de una transferencia de 200.000 dólares que Espert recibió en una cuenta bancaria de Estados Unidos en enero de 2020. Los fondos provenían de una empresa vinculada al empresario aeronáutico argentino Federico "Fred" Machado, quien en el fuero judicial norteamericano se declaró culpable por delitos de lavado de dinero y fraude en el estado de Texas.

De acuerdo con la hipótesis desarrollada por el fiscal Fernando Domínguez y ratificada por el juez Mirabelli, la maniobra se articuló mediante un "contrato simulado". Si bien la defensa de Espert sostuvo que la acreditación del dinero respondía a un contrato legítimo de asesoramiento para la firma minera guatemalteca Minas del Pueblo, los peritajes e investigaciones judiciales determinaron que dicha firma no poseía actividad real y operaba como una pantalla para dar apariencia lícita a capitales de origen ilícito.

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En el fallo judicial se precisa además cuál habría sido el destino final del dinero. Según la acusación, el circuito de blanqueo se completó al reingresar los fondos al sistema financiero formal a través de la adquisición de vehículos de alta gama —entre ellos modelos de la marca BMW y Lexus—, como así también mediante la participación en un fideicomiso inmobiliario ubicado en la zona de Costa Esmeralda.

La resolución dictada por el juez Mirabelli no se limitó únicamente a la figura del ex legislador. La medida alcanzó además a su contador personal, Mariano Alejandro Cosentino, quien fue procesado en calidad de partícipe necesario con un embargo fijado en 700 millones de pesos. En la misma línea, se dispuso un embargo de 500 millones de pesos sobre la firma familiar Varianza S.A., sociedad que según la fiscalía fue utilizada para estructurar operativamente el circuito financiero.

El procesamiento se hizo público poco después de que la Cámara Federal de San Martín rechazara de forma contundente los recursos planteados por los abogados defensores de Espert, quienes buscaban anular las pruebas recolectadas y apartar al fiscal de la causa. Frente a esta decisión firme de primera instancia, la defensa del ex diputado cuenta con la instancia legal de apelar la medida procesal ante la Cámara de Apelaciones.

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