La quinta Marcha Federal Universitaria se llevó a cabo este jueves con una masiva concurrencia de estudiantes, docentes, rectores y organizaciones sindicales y sociales que se concentraron en las inmediaciones del Congreso Nacional para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Sin embargo, el desarrollo de la movilización quedó eclipsado por una serie de graves incidentes que alteraron el clima de la protesta y derivaron en enfrentamientos directos con las fuerzas de seguridad.

A medida que avanzaba la jornada, la tensión escaló en los accesos al Palacio Legislativo, donde un grupo de manifestantes comenzó a arrojar piedras y elementos contundentes contra el cordón policial y las vallas de contención. Ante la agresión, los efectivos respondieron con el uso de gases lacrimógenos y camiones hidrantes para intentar dispersar a los sectores más radicalizados y contener los focos de violencia que se multiplicaban en la zona.

Los disturbios dejaron un saldo de numerosos detenidos y varios efectivos de las fuerzas de seguridad heridos, consolidando un escenario de alta crispación institucional. Mientras las columnas principales intentaban llevar adelante el acto central y la lectura del documento oficial en reclamo de recursos presupuestarios, las corridas y detonaciones se convirtieron en el denominador común de las cuadras aledañas.

Frente a estos episodios, la reacción del Gobierno nacional no se hizo esperar y se centró en responsabilizar de forma directa a los sectores que protagonizaron los desmanes. Desde el Poder Ejecutivo y las carteras de seguridad apuntaron con dureza contra los manifestantes violentos, a quienes acusaron de buscar sistemáticamente el caos, desafiar a la autoridad y desvirtuar el sentido de la convocatoria pública. Funcionarios del área remarcaron que este grupo de personas utiliza los reclamos legítimos como pantalla para cometer delitos y agredir al personal policial, ratificando que quienes destruyeron bienes públicos y atacaron a los agentes deberán responder ante la Justicia.

Por su parte, desde los sectores organizadores y bloques opositores minimizaron o cuestionaron el cariz de los incidentes, atribuyéndolos a provocaciones externas o desbordes en el operativo, mientras que las autoridades universitarias remarcaron que el objetivo central de la convocatoria era la defensa salarial y presupuestaria de las casas de altos estudios frente a la crisis. De este modo, la masiva concurrencia quedó atravesada por la polarización en torno a la seguridad, la violencia urbana y los límites de la protesta social en la vía pública.