AUMENTO
ANSES OFICIALIZÓ UN AUMENTO DEL 1,93 POR CIENTO EN JUBILACIONES Y ASIGNACIONES PARA NOVIEMBRE
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó la actualización correspondiente a los haberes del penúltimo mes del año. Mediante la publicación en el Boletín Oficial de las Resoluciones 303 y 304/2026, el organismo previsional confirmó un incremento del 1,93% en los ingresos de jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares, en correlación directa con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado durante el mes de septiembre.
De acuerdo con el nuevo esquema normativo, el haber mínimo garantizado para el sector jubilatorio se fijó en $444.158,46 a partir del 1° de noviembre. Asimismo, tal como se viene implementando de manera sistemática, el Poder Ejecutivo ratificó la liquidación de un bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben el haber básico. Con la suma de ambos conceptos, ningún jubilado del tramo mínimo cobrará menos de $514.158,46. En tanto, aquellos beneficiarios que perciban montos superiores al haber mínimo pero no alcancen dicho techo, recibirán un bono proporcional hasta liquidar la suma tope. Por su parte, el haber máximo para el régimen general quedó establecido en $2.988.765,82.
En lo que respecta a las asignaciones universales para la protección social, la suba del 1,93% fija el valor general de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo en $159.611. Para los residentes de la Zona I —que engloba a las provincias patagónicas y al Partido de Patagones en la provincia de Buenos Aires— el importe mensual ascenderá a $207.495 por beneficiario.
El esquema formalizado también introdujo readecuaciones en los rangos de Ingreso del Grupo Familiar (IGF) que regulan la liquidación de las Asignaciones Familiares para trabajadores del sector formal. En la categoría de menor escala (IGF de hasta $1.235.699), el valor general por hijo será de $79.816. Para ingresos de entre $1.235.699 y $1.812.272, la asignación será de $53.841; entre $1.812.272 y $2.092.326 se pagará $32.566; y para los tramos salariales que van desde los $2.092.326 hasta el tope general de $6.543.628, el monto por hijo quedará estipulado en $16.806.
Finalmente, el organismo detalló la tabla para la Asignación por Hijo con Discapacidad. Aquellas familias cuyo ingreso no supere el primer tramo de $1.235.699 percibirán $259.864 por cada hijo. En el segundo escalón de ingresos (hasta $1.812.272) la prestación se fijó en $183.839, mientras que para las familias con ingresos superiores a ese margen el beneficio alcanzará los $116.026. Los nuevos valores se aplicarán de manera automática en el calendario habitual de pagos del próximo mes.
CRECIDA
VOLVIERON A CERRAR EL CIRCUITO SUPERIOR DE LAS CATARATAS POR EL TEMPORAL EN MISIONES
Un severo temporal de lluvias y tormentas que azota a la provincia de Misiones provocó importantes crecidas en las cuencas de los ríos Paraná, Uruguay e Iguazú, generando anegamientos, inundaciones urbanas y cortes preventivos en rutas y pasos fronterizos. Ante el sostenido incremento del caudal de agua en el puerto de Puerto Iguazú —donde el río alcanzó la marca de 28 metros—, las autoridades de la Administración de Parques Nacionales y la empresa concesionaria Iguazú Argentina dispusieron el cierre preventivo del Circuito Superior en el Parque Nacional Iguazú.
La medida interrumpe un trayecto que había logrado reabrir sus pasarelas el pasado 20 de octubre tras restricciones operativas previas. Desde el organismo señalaron que la reapertura del recorrido quedará condicionada a las evaluaciones técnicas de seguridad que se realizarán una vez que baje el nivel del río. Por su parte, el emblemático paseo de la Garganta del Diablo permanece inhabilitado para el público desde el mes de agosto, mientras que tanto el Circuito Inferior como el Sendero Verde continúan operativos para la atención de turistas.
Las consecuencias de la contingencia climática también repercuten gravemente sobre la infraestructura y la población civil. De acuerdo con el reporte oficial de la Policía provincial, se contabilizan 154 personas evacuadas y un total de 124 viviendas afectadas por el ingreso de agua y voladuras de techos. Asimismo, el balance de los últimos días registra daños edilicios en una escuela, un local comercial, dos vehículos y galpones pertenecientes a familias de productores tabacaleros.
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En materia de conectividad e integración fronteriza, las crecidas fluviales obligaron a suspender la operatoria en 14 pasos de frontera: diez ubicados sobre el margen del río Paraná y cuatro sobre el río Uruguay. Entre las localidades aisladas o con pasos interrumpidos figuran Eldorado, Puerto Rico, Puerto Leoni, Corpus Christi, El Soberbio, Panambí, Alba Posse y San Javier. A esto se suman interrupciones de tránsito por anegamiento en puentes de Profundidad, San Ignacio y 9 de Julio.
Por el momento, sobre el puente Tabay de la ruta provincial 7 en Jardín América se habilitó el paso exclusivo para vehículos de hasta 20 toneladas, al tiempo que las rutas nacionales 12 y 14 se mantienen transitables. La Policía de Misiones sostiene desplegadas sus 15 unidades regionales para brindar asistencia, monitorear los cauces y controlar el tránsito en zonas de riesgo.
KORRUPCION
COMENZÓ EL JUICIO POR HOTESUR Y LOS SAUCES CON FUERTES ACUSACIONES CONTRA CRISTINA Y MÁXIMO KIRCHNER
El Tribunal Oral Federal N°5 dio inicio a la primera audiencia del juicio unificado por las causas Hotesur y Los Sauces, un proceso judicial de alto impacto político en el que se investigan presuntos delitos de asociación ilícita y lavado de activos. La jornada inaugural estuvo centrada en la lectura del requerimiento de elevación a juicio presentado por la Fiscalía, el cual incluye duras imputaciones contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, su hijo y actual diputado nacional Máximo Kirchner, y un nutrido grupo de exfuncionarios y empresarios.
Durante la exposición de la acusación, los fiscales sostuvieron que los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández comandaron una "organización criminal" de carácter estable y permanente entre mayo de 2003 y diciembre de 2016. Según el dictamen, esta estructura habría sido montada desde la cúspide del Poder Ejecutivo Nacional con el objetivo primordial de apropiarse y sustraer millonarios fondos públicos a través del direccionamiento de la obra pública vial.
El documento judicial detalló que los planes delictivos no concluyeron con la concesión de privilegios a empresarios allegados —como Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa—, sino que posteriormente se diseñó un sofisticado circuito financiero. Este mecanismo buscaba disimular y transferir parte de las ganancias ilícitas hacia el patrimonio particular de la familia Kirchner mediante contrataciones hoteleras, alquiler de inmuebles, préstamos y mejoras de propiedades.
En lo relativo a la figura de Máximo Kirchner, la fiscalía lo sindicó como organizador dentro del esquema, asignándole un rol clave en la administración y ejecución de las maniobras de blanqueo a través de las firmas inmobiliarias y hoteleras del grupo familiar. Los principales imputados, junto con empresarios e intermediarios de las operaciones, presenciaron y escucharon el desarrollo de las lecturas mediante conexión remota tras la autorización otorgada por el tribunal integrado por los jueces José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti.
El debate unificado avanzará en las próximas semanas en las salas de Comodoro Py con la lectura completa de los cargos y la posterior citación a las declaraciones indagatorias, en lo que representa el tercer proceso oral contra Cristina Kirchner y la primera instancia de juicio para Máximo Kirchner.
VULNERABILIDAD
¡ALERTA EN TODO EL PAÍS! POR QUÉ APAGARON DE URGENCIA LOS SITIOS WEB MUNICIPALES
Una falla crítica de seguridad informáticas de alcance global detectada en el lenguaje de programación PHP —herramienta fundamental sobre la cual están estructuradas la mayoría de las páginas web estatales— encendió las alarmas de los equipos técnicos de administraciones municipales de todo el país. La situación obligó a disponer la desconexión preventiva e inmediata de portales institucionales, plataformas de trámites en línea y servicios de gestión digital para evitar posibles vulneraciones o accesos no autorizados a las bases de datos públicas.
Según explicaron especialistas del sector, la debilidad detectada en el código fuente de PHP podría haber sido explotada de manera remota para vulnerar la privacidad de los sistemas y sustraer información confidencial del Estado y de la ciudadanía. Ante el riesgo latente, los equipos informáticos de los municipios tomaron la decisión preventiva de apagar los servidores y desvincular los accesos a la red. Las autoridades aclararon enfáticamente que los sistemas no sufrieron un ciberataque ni fueron hackeados, sino que la salida de línea responde a una estrategia de protección previa.
Como consecuencia directa de este apagado preventivo, la totalidad de los trámites y gestiones virtuales se encuentran momentáneamente interrumpidos. En este contexto, los vecinos no pueden realizar pagos de tasas e impuestos municipales de forma digital, solicitar turnos a través de las páginas oficiales, realizar seguimiento de expedientes o radicar reclamos por la vía web.
La normalización de las plataformas depende de la instalación de parches informáticos y actualizaciones de seguridad que los técnicos de cada comuna están aplicando en los servidores locales. A medida que se completan las tareas de blindaje y se constata la estabilidad de los entornos, las páginas web irán restableciendo sus funciones operativas de manera gradual y progresiva.
Mientras se sostengan las tareas de actualización y mantenimiento correctivo en la infraestructura virtual, los municipios garantizan la continuidad de la gestión comunal mediante la atención presencial en sus distintas dependencias administrativas, como así también a través de los canales de asistencia telefónica institucionales.
LAVADO
DICTAN PROCESAMIENTO Y PROHIBICIÓN DE SALIR DEL PAÍS PARA JOSÉ LUIS ESPERT
En una resolución de fuerte impacto político y judicial, el ex diputado José Luis Espert fue procesado por presunto lavado de dinero por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli. Además de resolver su procesamiento sin prisión preventiva, el magistrado le dictó la prohibición para salir del país y le trabó un embargo millonario sobre sus bienes por la suma de 1.000 millones de pesos.
El origen de la causa se remonta al análisis de una transferencia de 200.000 dólares que Espert recibió en una cuenta bancaria de Estados Unidos en enero de 2020. Los fondos provenían de una empresa vinculada al empresario aeronáutico argentino Federico "Fred" Machado, quien en el fuero judicial norteamericano se declaró culpable por delitos de lavado de dinero y fraude en el estado de Texas.
De acuerdo con la hipótesis desarrollada por el fiscal Fernando Domínguez y ratificada por el juez Mirabelli, la maniobra se articuló mediante un "contrato simulado". Si bien la defensa de Espert sostuvo que la acreditación del dinero respondía a un contrato legítimo de asesoramiento para la firma minera guatemalteca Minas del Pueblo, los peritajes e investigaciones judiciales determinaron que dicha firma no poseía actividad real y operaba como una pantalla para dar apariencia lícita a capitales de origen ilícito.
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En el fallo judicial se precisa además cuál habría sido el destino final del dinero. Según la acusación, el circuito de blanqueo se completó al reingresar los fondos al sistema financiero formal a través de la adquisición de vehículos de alta gama —entre ellos modelos de la marca BMW y Lexus—, como así también mediante la participación en un fideicomiso inmobiliario ubicado en la zona de Costa Esmeralda.
La resolución dictada por el juez Mirabelli no se limitó únicamente a la figura del ex legislador. La medida alcanzó además a su contador personal, Mariano Alejandro Cosentino, quien fue procesado en calidad de partícipe necesario con un embargo fijado en 700 millones de pesos. En la misma línea, se dispuso un embargo de 500 millones de pesos sobre la firma familiar Varianza S.A., sociedad que según la fiscalía fue utilizada para estructurar operativamente el circuito financiero.
El procesamiento se hizo público poco después de que la Cámara Federal de San Martín rechazara de forma contundente los recursos planteados por los abogados defensores de Espert, quienes buscaban anular las pruebas recolectadas y apartar al fiscal de la causa. Frente a esta decisión firme de primera instancia, la defensa del ex diputado cuenta con la instancia legal de apelar la medida procesal ante la Cámara de Apelaciones.
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CRUCES
CRUCES POLÍTICOS TRAS LA REPRESIÓN: OFICIALISMO Y OPOSICIÓN DEBATEN SOBRE LOS DISTURBIOS EN EL CONGRESO
La quinta Marcha Federal Universitaria realizada este jueves 15 de octubre para exigir mayores recursos para las casas de altos estudios y una actualización salarial para su personal culminó en graves incidentes en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. El despliegue de las fuerzas de seguridad incluyó el uso de gases lacrimógenos y camiones hidrantes contra los manifestantes en las inmediaciones del Congreso Nacional, en una jornada que estuvo precedida por la suspensión de la sesión en la Cámara de Diputados donde se iba a debatir la derogación del DNU 70/23, la Emergencia en Discapacidad y la morosidad de las familias.
Desde el inicio de los disturbios, el Gobierno nacional sostuvo una postura firme al atribuir los hechos de violencia a los manifestantes. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, cuestionó con dureza a los sectores opositores y afirmó que se trata de una dirigencia agotada que recurre a la agresión ante la falta de propuestas políticas. En la misma línea, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, difundió material audiovisual en redes sociales donde se observa a manifestantes agrediendo al personal de seguridad y rompiendo la calzada, y advirtió que el derecho a manifestarse no avala la comisión de delitos ni la violencia urbana, asegurando que los agresores deberán responder ante la Justicia.
Por su parte, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que se vio obligado a suspender su acto central debido a la represión, emitió un enérgico rechazo y se despegó de los hechos de violencia. Desde el organismo aseguraron que la movilización transcurría con normalidad hasta que el Poder Ejecutivo decidió reaccionar con un despliegue represivo que cruzó todos los límites. Asimismo, el CIN recordó que la protesta convocó a decenas de miles de personas en demanda del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, una norma aprobada por el Congreso, respaldada por la Justicia y avalada por un fallo de la Corte Suprema que el Gobierno se niega a aplicar desde hace casi un año, subrayando que el conflicto responde a una falta de voluntad política y no a restricciones presupuestarias.
Los incidentes y la represión policial generaron un inmediato repudio y diversas reacciones en el arco opositor. El jefe del bloque de Unión por la Patria en la Cámara baja, Germán Martínez, cuestionó la legitimidad del operativo al interrogarse sobre la ausencia habitual de conflictos cuando las fuerzas de seguridad no se encuentran desplegadas. A su vez, la diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, calificó de autoritario al accionar gubernamental al señalar que la violencia ejercida desde el Estado vulnera el derecho elemental a la protesta. En sintonía, el diputado nacional Esteban Paulón cuestionó la falta de quórum de los aliados del oficialismo en el recinto para tratar el DNU 70/23 y criticó con dureza que la respuesta estatal ante la demanda de cumplimiento legal haya sido el uso de gases, balas de goma e hidrantes contra la comunidad universitaria.
DISTURBIOS
EL GOBIERNO APUNTÓ CONTRA MANIFESTANTES VIOLENTOS TRAS LOS INCIDENTES EN LA QUINTA MARCHA FEDERAL
La quinta Marcha Federal Universitaria se llevó a cabo este jueves con una masiva concurrencia de estudiantes, docentes, rectores y organizaciones sindicales y sociales que se concentraron en las inmediaciones del Congreso Nacional para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Sin embargo, el desarrollo de la movilización quedó eclipsado por una serie de graves incidentes que alteraron el clima de la protesta y derivaron en enfrentamientos directos con las fuerzas de seguridad.
A medida que avanzaba la jornada, la tensión escaló en los accesos al Palacio Legislativo, donde un grupo de manifestantes comenzó a arrojar piedras y elementos contundentes contra el cordón policial y las vallas de contención. Ante la agresión, los efectivos respondieron con el uso de gases lacrimógenos y camiones hidrantes para intentar dispersar a los sectores más radicalizados y contener los focos de violencia que se multiplicaban en la zona.
Los disturbios dejaron un saldo de numerosos detenidos y varios efectivos de las fuerzas de seguridad heridos, consolidando un escenario de alta crispación institucional. Mientras las columnas principales intentaban llevar adelante el acto central y la lectura del documento oficial en reclamo de recursos presupuestarios, las corridas y detonaciones se convirtieron en el denominador común de las cuadras aledañas.
Frente a estos episodios, la reacción del Gobierno nacional no se hizo esperar y se centró en responsabilizar de forma directa a los sectores que protagonizaron los desmanes. Desde el Poder Ejecutivo y las carteras de seguridad apuntaron con dureza contra los manifestantes violentos, a quienes acusaron de buscar sistemáticamente el caos, desafiar a la autoridad y desvirtuar el sentido de la convocatoria pública. Funcionarios del área remarcaron que este grupo de personas utiliza los reclamos legítimos como pantalla para cometer delitos y agredir al personal policial, ratificando que quienes destruyeron bienes públicos y atacaron a los agentes deberán responder ante la Justicia.
Por su parte, desde los sectores organizadores y bloques opositores minimizaron o cuestionaron el cariz de los incidentes, atribuyéndolos a provocaciones externas o desbordes en el operativo, mientras que las autoridades universitarias remarcaron que el objetivo central de la convocatoria era la defensa salarial y presupuestaria de las casas de altos estudios frente a la crisis. De este modo, la masiva concurrencia quedó atravesada por la polarización en torno a la seguridad, la violencia urbana y los límites de la protesta social en la vía pública.
CAMBIOS
CAMBIAN LOS CONTROLES PARA COBRAR LA ASIGNACIÓN POR EMBARAZO: QUÉ DISPUSO ANSES
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementará desde noviembre un nuevo procedimiento para verificar los requisitos sanitarios necesarios para cobrar la Asignación por Embarazo. El sistema se basará en el intercambio mensual de información con el Ministerio de Salud y buscará que la acreditación se realice de manera automática, sin que las titulares deban presentar documentación en los casos en que los datos estén disponibles.
La medida quedó establecida mediante la Resolución 297/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial. Según lo dispuesto, el mecanismo se aplicará a las asignaciones que se pongan al pago a partir del 1° de noviembre.
Con el nuevo procedimiento, ANSES utilizará la información que el Ministerio de Salud le remita cada mes para comprobar el cumplimiento de las condiciones sanitarias vinculadas con la prestación. De esta manera, el organismo podrá realizar la acreditación a partir del intercambio de datos entre ambas dependencias.
Sin embargo, la resolución también contempla situaciones en las que la información necesaria no esté disponible o sea preciso completar la acreditación. En esos casos, las titulares podrán presentar la documentación correspondiente ante ANSES para demostrar el cumplimiento de los requisitos.
La alternativa también estará habilitada cuando la interesada presente un reclamo. Si no se cuenta con los datos remitidos por el Ministerio de Salud o se necesita información adicional, la liquidación se realizará de acuerdo con los procedimientos previstos para esas situaciones.
El cambio se refiere a la verificación de las condiciones sanitarias exigidas para el pago de la Asignación por Embarazo. La normativa vigente establece que el 80 % del monto de la prestación se abona mensualmente durante la gestación. El 20 % restante se liquida una vez finalizado el embarazo, después de acreditar el cumplimiento de los controles médicos.
Así, desde noviembre comenzará a aplicarse un esquema de acreditación automática y mensual que utilizará los datos intercambiados entre ANSES y el Ministerio de Salud, aunque se mantendrá la posibilidad de presentar documentación cuando la información disponible no alcance para verificar los requisitos o sea necesario realizar un reclamo.
RESOLUCIÓN
EL GOBIERNO DEBERÁ AFRONTAR MULTAS DIARIAS POR INCUMPLIR UNA CAUTELAR UNIVERSITARIA
La Justicia federal dispuso multas diarias de $100.000 para el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, por el incumplimiento de una medida cautelar que ordena actualizar los salarios de docentes y no docentes universitarios y las becas estudiantiles, de acuerdo con la Ley de Financiamiento Universitario.
La decisión fue tomada por el juez federal en lo Contencioso Administrativo Martín Cormick, quien consideró que el Gobierno no acató la resolución pese a las intimaciones previas. El magistrado estableció las sanciones económicas en una primera etapa y dejó abierta la posibilidad de modificar tanto el monto como los funcionarios alcanzados.
En su resolución, Cormick dispuso hacer efectivo el apercibimiento que había dictado el 30 de septiembre de 2026. La medida se apoya en las competencias del jefe de Gabinete previstas en el artículo 100, inciso 1, de la Constitución Nacional y en el artículo 5 de la Ley 27.798.
El expediente se originó en una demanda presentada por rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Según lo informado, la medida cautelar dictada en diciembre pasado recibió el aval de la Cámara de Apelaciones y cuenta con un fallo firme de la Corte Suprema del 25 de junio que la sustenta.
El conflicto judicial también avanzó sobre la cuestión de fondo. La semana anterior, Cormick declaró inconstitucional el decreto 759/2025, firmado por el presidente Javier Milei, el entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra Sandra Pettovello. Esa norma había frenado la aplicación de la ley con el argumento de que el Congreso no había establecido las partidas específicas para afrontar el gasto. El Gobierno apeló esa sentencia y el expediente pasó a la Cámara de Apelaciones.
Mientras tanto, la cautelar seguía vigente. De acuerdo con los cálculos mencionados en la información del caso, el Gobierno debía haber depositado hacía más de tres meses los salarios con una actualización del 33,2%, correspondiente a más de 200.000 docentes universitarios.
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El presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, sostuvo que la organización había informado al juez sobre el vencimiento del plazo otorgado al Gobierno y solicitado la aplicación de las multas. Valoró que la resolución estableciera responsabilidades específicas y señaló que el proceso judicial continúa, aunque consideró que la decisión representa un paso importante para lograr el cumplimiento de la ley.
Desde el sector docente, en cambio, hubo cuestionamientos al monto fijado. Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA), consideró correcta la aplicación de sanciones, pero sostuvo que los $100.000 diarios resultan insuficientes para generar un efecto disuasorio. Clara Chevalier, de CONADU, afirmó que las multas confirman el incumplimiento de la ley y la existencia de responsabilidades de funcionarios.
La resolución también abrió interrogantes sobre quién deberá pagar las sanciones. La Ley de Responsabilidad Estatal 26.944, sancionada en 2014, establece que la sanción pecuniaria disuasiva es improcedente contra el Estado, sus agentes y funcionarios. Sin embargo, los abogados del CIN y de la UBA interpretan que Cormick aplicó las multas al patrimonio personal de Santilli. Para sostener esa posición, señalan que la resolución se refiere expresamente al funcionario y mencionan jurisprudencia de la Corte Suprema sobre las astreintes, mecanismos judiciales destinados a vencer la resistencia al cumplimiento de una orden.
La decisión se conoció un día antes de la quinta marcha federal universitaria, convocada para este jueves en todo el país. La aplicación de multas suma así un nuevo capítulo al conflicto por el financiamiento de las universidades públicas, mientras continúa el proceso judicial para determinar el alcance definitivo de las obligaciones establecidas por la ley.
PARO
ATE CONVOCA A UN PARO NACIONAL DE 24 HS PARA ESTE JUEVES EN RECLAMO CONTRA EL DECRETO 70/23
La medida fue convocada para este jueves 15 de octubre. En la Ciudad de Buenos Aires habrá una movilización al Congreso desde las 13:30 y se esperan protestas en las principales ciudades del país.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará este jueves 15 de octubre un paro nacional de 24 horas para exigir la derogación del Decreto 70/23. La convocatoria incluye una movilización al Congreso de la Nación, en la Capital Federal, desde las 13:30, mientras que las protestas también se replicarán en las principales ciudades de todas las provincias.
La modalidad y el alcance de la medida dependerán de cada jurisdicción, que definirá cómo se desarrollará la protesta. Durante la jornada, según lo anunciado, en los hospitales se garantizarán guardias mínimas. En los centros asistenciales destinados a niños, adolescentes y adultos mayores, en tanto, únicamente se atenderán urgencias.
El paro alcanzará a distintas áreas de la administración y de los servicios públicos. Entre los sectores mencionados por la organización figuran la recolección de residuos, los auxiliares de educación, la guardia urbana, Migraciones y los controles sanitarios en puertos y aduanas a cargo del Senasa. También se prevén afectaciones para radiooperadores de medios públicos, personal dedicado al manejo de incendios forestales, agentes de tránsito y controladores aéreos.
La lista incluye además a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), el mantenimiento de plantas nucleares y distintos servicios públicos de provincias y municipios, entre otras actividades. En el ámbito de la aviación, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) garantizará únicamente los vuelos sanitarios y de Estado. Por su parte, PAMI y ANSES atenderán solo emergencias.
El reclamo central de ATE es la derogación completa del Decreto 70/23. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, sostuvo que el gremio debe buscar que se deje sin efecto la totalidad de la norma y cuestionó sus alcances. “Tenemos que ir por todo y voltear el 70/23 completo. Este decreto no es motosierra contra la casta, es motosierra contra nosotros para que la casta se llene de guita”, afirmó.
Aguiar también señaló que el decreto comprende más de 300 leyes y cuestionó los cambios que, según su planteo, introduce en distintas áreas. Entre los puntos que enumeró mencionó la derogación de la Ley de Tierras y de las leyes de Góndolas y Alquileres, la posibilidad de privatizar empresas públicas y modificaciones vinculadas al comercio exterior. “Esto no es reforma, es saqueo”, expresó.
El dirigente cuestionó además el uso del decreto y afirmó que, desde la asunción de Javier Milei, no existieron las condiciones de necesidad y urgencia que justificarían ese mecanismo. Sostuvo que la Constitución Nacional prohíbe al Presidente legislar y consideró que la norma debería ser declarada nula. “Con un Congreso que estuvo siempre abierto, este decreto es corrupción”, concluyó.
La jornada de protesta se desarrollará durante 24 horas y combinará la interrupción de actividades con movilizaciones en distintas ciudades. La atención sanitaria quedará limitada a las guardias mínimas y urgencias informadas, mientras que cada provincia establecerá la modalidad concreta de la medida.
INFLACIÓN
LA INFLACIÓN DE SEPTIEMBRE FUE DEL 1,9% Y ACUMULÓ UN 33,4% INTERANUAL
La inflación de septiembre fue del 1,9%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con este resultado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un incremento del 23,6% en los primeros nueve meses de 2026 y alcanzó una variación interanual del 33,4%.
El dato mensual mostró una aceleración de 0,2 puntos porcentuales respecto de agosto, de acuerdo con la información difundida por el organismo estadístico.
Entre las divisiones que componen el índice, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró el mayor aumento del mes, con una suba del 3,1%. En segundo lugar se ubicó Educación, que presentó una variación del 3%.
En el otro extremo, Restaurantes y hoteles tuvo un incremento del 1,1%, mientras que Prendas de vestir y calzado subió un 1,4%. Ambos rubros registraron las menores variaciones a nivel nacional durante septiembre.
Por su parte, Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división con mayor incidencia en la variación mensual de precios en las distintas regiones del país.
El informe del INDEC permite observar tanto el comportamiento mensual de los precios como su evolución acumulada durante el año y en los últimos doce meses. En septiembre, el indicador general se ubicó en el 1,9%, con diferencias entre los rubros que integran la medición.
Los datos publicados corresponden al Índice de Precios al Consumidor de septiembre de 2026.
EL NIÑO
LA CRECIDA DEL RÍO OBLIGÓ A RESTRINGIR EL ACCESO AL PARQUE NACIONAL IGUAZÚ
El caudal superó los 12.000 metros cúbicos por segundo. La medida busca proteger a visitantes y trabajadores mientras se evalúan los circuitos y la infraestructura.
El Parque Nacional Iguazú restringió este lunes el ingreso de visitantes y la circulación por sus sectores de uso público debido a la crecida del río, cuyo caudal superó los 12.000 metros cúbicos por segundo en los últimos días. La decisión fue adoptada por la Intendencia del área protegida junto con la empresa concesionaria, como parte de un protocolo preventivo de seguridad.
En un comunicado difundido en redes sociales, la administración informó que la restricción es temporal y alcanza la circulación de personas y el acceso a los sectores de uso público durante la jornada. La medida, indicó, tiene como objetivo resguardar la integridad de quienes visitan el parque y de los trabajadores.
El intendente del Parque Nacional Iguazú, José Hervas, explicó que en dos días y medio se registraron 300 milímetros de lluvia, una cantidad equivalente al promedio de precipitaciones de un mes para esta época del año. También recordó que la Garganta ya había sido cerrada el 1 de agosto y señaló que, tras una nueva evaluación, las autoridades decidieron ampliar las restricciones.
Durante este lunes, los responsables del área protegida continuarán analizando el impacto de la crecida e inspeccionarán los circuitos y la infraestructura antes de definir los pasos a seguir.
La situación se da en un contexto de previsiones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño, que puede favorecer períodos de lluvias intensas en la región. Además, para la tarde de este lunes, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta naranja por lluvias y tormentas para el norte de Misiones.
El organismo advirtió que podrían producirse precipitaciones abundantes en períodos cortos, caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas superiores a los 90 kilómetros por hora. El pronóstico estima acumulados de entre 50 y 90 milímetros, aunque esos valores podrían superarse de manera puntual, y no descarta tormentas localmente severas.
CRECIÓ EL TRABAJO INFORMAL EN ARGENTINA Y YA ALCANZA AL 45 % DE LOS TRABAJADORES
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EL GOBIERNO DEFINIÓ LOS REQUISITOS PARA ACCEDER A LOS SUBSIDIOS DE LUZ Y GAS EN OCTUBRE
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LA JUSTICIA ORDENÓ AL ESTADO GARANTIZAR LOS FONDOS PREVISTOS POR LA LEY UNIVERSITARIA
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