COMUNICADO
LA ACADEMIA DE PERIODISMO CUESTIONÓ EL HOSTIGAMIENTO Y PIDIÓ RESPETO AL DEBATE PÚBLICO
La entidad expresó su preocupación por el aumento de agresiones, campañas de desprestigio y presiones contra periodistas. Sostiene que el fenómeno puede afectar la calidad de la información y limitar el debate público.
El ejercicio del periodismo volvió a quedar en el centro de la escena pública argentina. En el marco de las actividades por el Día del Periodista, la Academia Nacional de Periodismo emitió un documento en el que manifestó su preocupación por lo que considera un creciente clima de hostigamiento hacia trabajadores de prensa y medios de comunicación.
La entidad advirtió que las agresiones verbales, las campañas de estigmatización y distintas formas de presión sobre periodistas no solo afectan a quienes ejercen la profesión, sino que también impactan directamente sobre el derecho de la ciudadanía a recibir información libre y plural.
Según planteó la Academia, el periodismo cumple una función esencial dentro del sistema democrático al permitir el control social de los actos de gobierno, promover el debate público y garantizar el acceso a distintas miradas sobre los asuntos de interés general.
En ese sentido, alertó que los ataques sistemáticos contra comunicadores pueden generar consecuencias profundas, entre ellas la autocensura, la reducción de voces críticas y un deterioro de los mecanismos de control sobre quienes ejercen el poder político, económico o institucional.
La preocupación expresada por la institución se produce en medio de una relación cada vez más tensa entre distintos sectores de la prensa y el gobierno nacional encabezado por Javier Milei. Durante los últimos meses, organizaciones periodísticas, entidades académicas y asociaciones vinculadas a la defensa de la libertad de expresión también habían manifestado inquietud por episodios de confrontación pública, campañas en redes sociales y cuestionamientos dirigidos a periodistas.
La Academia recordó además que ya había emitido pronunciamientos similares en años anteriores. Entre ellos, expresó preocupación por situaciones de exposición pública, difusión de datos personales y ataques dirigidos contra comunicadores, prácticas que consideran incompatibles con un debate democrático saludable.
A este escenario se suman cuestionamientos realizados por entidades como FOPEA respecto de algunas medidas vinculadas al acceso periodístico a la actividad gubernamental. Según estas organizaciones, ciertas restricciones pueden dificultar la cobertura informativa y limitar la posibilidad de que la ciudadanía conozca y controle las decisiones de quienes gobiernan.
Más allá de los casos puntuales, el debate de fondo gira en torno a una pregunta central para cualquier democracia: cuáles son las condiciones necesarias para que el periodismo pueda desarrollar su tarea con independencia, sin presiones ni amenazas.
El documento difundido por la Academia Nacional de Periodismo insiste precisamente en ese punto. La institución sostiene que las diferencias ideológicas o políticas forman parte natural de la vida democrática, pero advierte que esas disputas no deberían transformarse en agresiones personales ni en intentos de desacreditar o silenciar voces críticas.
En un contexto atravesado por la polarización política, la velocidad de las redes sociales y la creciente circulación de información digital, las organizaciones vinculadas al periodismo consideran que preservar la libertad de expresión continúa siendo uno de los principales desafíos para la calidad institucional del país.
Mientras tanto, el debate sigue abierto y vuelve a instalar una discusión que trasciende a gobiernos, medios y periodistas: el derecho de la sociedad a acceder a información diversa, independiente y libre de presiones.
DESREGULACIÓN
FIN DEL SISTEMA ACTUAL DE VTV: NACIÓN HABILITA A TALLERES PARTICULARES PARA LAS REVISIONES
Realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) podría dejar de ser un trámite limitado a unas pocas plantas habilitadas. Desde este miércoles 3 de junio, el Gobierno nacional abrió oficialmente el registro para que talleres mecánicos particulares puedan inscribirse y realizar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), una modificación que promete transformar el sistema vigente en todo el país.
La medida fue anunciada por la administración de Javier Milei luego de que se levantara una cautelar judicial que impedía su implementación. Con la publicación de la Resolución Nº 32/2026, la Secretaría de Transporte quedó habilitada para poner en marcha el nuevo Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos.
El cambio apunta a descentralizar las revisiones, ampliar los lugares disponibles para realizar el trámite y permitir que los conductores elijan libremente dónde efectuar los controles obligatorios de sus vehículos.
Qué cambia con el nuevo sistema
Hasta ahora, la revisión técnica se realizaba en plantas específicamente habilitadas por cada jurisdicción. Con la nueva normativa, cualquier taller que reúna las condiciones técnicas exigidas podrá inscribirse en el registro nacional y ofrecer el servicio.
Los establecimientos deberán contar con equipamiento adecuado, capacidad técnica certificada y un Director Técnico responsable de supervisar las inspecciones. Además, tendrán que cumplir los mismos estándares de seguridad vial que rigen actualmente para las verificaciones.
El registro funcionará de manera digital, gratuita y pública, bajo la órbita de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía.
Según explicó el vocero presidencial Manuel Adorni, la decisión busca terminar con el esquema exclusivo que dominaba el mercado de las verificaciones vehiculares y generar más competencia entre prestadores.
Cómo serán los plazos de control
La reforma también ratifica los períodos de inspección previstos para los distintos tipos de vehículos.
Los automóviles particulares 0 km deberán realizar su primera revisión a los cinco años del patentamiento.
Luego, los vehículos de hasta diez años de antigüedad deberán someterse a controles cada dos años.
En tanto, las unidades que superen esa antigüedad continuarán realizando la revisión de manera anual.
Los talleres habilitados podrán inspeccionar vehículos particulares, unidades comerciales, transporte de pasajeros, transporte de carga y vehículos especiales.
La clave estará en las provincias
Aunque la decisión ya fue reglamentada a nivel nacional, la aplicación práctica dependerá de la adhesión de cada provincia.
Ese punto aparece como uno de los principales interrogantes para los próximos meses. Si una jurisdicción decide no adherir al nuevo sistema, los conductores de ese distrito deberán continuar utilizando el esquema tradicional.
La provincia de Buenos Aires ya adelantó que no acompañará la iniciativa impulsada por Nación.
En Santa Fe, por el momento, no se anunció oficialmente si la provincia adoptará el nuevo modelo o mantendrá el sistema actual. Esa definición será determinante para saber si los automovilistas santafesinos podrán realizar la revisión técnica en talleres cercanos o seguirán dependiendo exclusivamente de las plantas verificadoras habilitadas.
Una reforma que busca más competencia
Desde el Gobierno nacional sostienen que la apertura del mercado permitirá reducir costos, agilizar turnos y mejorar la accesibilidad para los usuarios.
Además, destacan que la incorporación de talleres particulares generará una mayor cobertura territorial, especialmente en localidades donde actualmente no existen centros de verificación cercanos.
Mientras tanto, también quedó pendiente la elaboración de protocolos específicos para vehículos híbridos, híbridos enchufables y eléctricos, que requieren controles técnicos diferentes a los de los automóviles convencionales.
Con la inscripción ya abierta y los talleres comenzando a evaluar los requisitos para sumarse al sistema, la discusión ahora pasa por las provincias. Y en Santa Fe, la decisión que adopten las autoridades podría modificar de manera significativa la forma en que miles de conductores realizan uno de los trámites obligatorios más habituales para circular.
CRÉDITOS DIGITALES
DESDE AGOSTO LAS BILLETERAS VIRTUALES PODRÁN DEBITAR DINERO DE CUENTAS BANCARIAS
El Banco Central confirmó un nuevo sistema que empezará a funcionar desde agosto y que apunta directamente a los usuarios con préstamos digitales impagos.
El crecimiento de la deuda en billeteras virtuales encendió alarmas en el sistema financiero y empujó al Banco Central a avanzar con un nuevo mecanismo de cobro automático que comenzará a aplicarse desde el 31 de agosto. La medida permitirá que plataformas fintech y aplicaciones de pago debiten cuotas pendientes directamente desde cuentas bancarias asociadas por los usuarios.
La decisión impactará sobre millones de personas que utilizan billeteras virtuales para financiar compras, pedir préstamos rápidos o pagar en cuotas mediante aplicaciones digitales. Según datos oficiales, la morosidad en este tipo de créditos ya ronda el 25%, uno de los niveles más altos registrados en el sector.
El nuevo esquema se implementará a través del sistema denominado “Cobro con Transferencia” (CCT), una herramienta que habilitará débitos automáticos similares a los que hoy ya funcionan con tarjetas de crédito, seguros o servicios mensuales.
Hasta ahora, las fintech enfrentaban mayores dificultades para recuperar préstamos impagos porque no podían operar con el mismo nivel de acceso que los bancos tradicionales. Con este cambio, aplicaciones como Mercado Pago y otras plataformas podrán cobrar cuotas vencidas directamente desde cuentas bancarias previamente vinculadas por el usuario.
La medida forma parte de una estrategia más amplia del Banco Central para modernizar los sistemas de pago digitales y reducir riesgos financieros dentro del creciente mercado fintech argentino.
Cómo funcionará el nuevo sistema de débito automático
El mecanismo comenzará a regir oficialmente el 31 de agosto y permitirá realizar cobros mediante transferencias inmediatas desde cuentas bancarias asociadas.
El sistema incluirá algunas condiciones obligatorias para las empresas financieras y las billeteras virtuales. Entre ellas, se estableció que los usuarios deberán recibir un aviso previo antes de cualquier débito automático.
La normativa también contempla la posibilidad de cancelar la autorización en cualquier momento. Según informó el Banco Central, la revocación del consentimiento tendrá efecto inmediato una vez solicitada por el cliente.
Además, el esquema permitirá un intento inicial de cobro y hasta dos reintentos posteriores si no hubiera fondos suficientes. Estos nuevos intentos podrán realizarse dentro de las 48 y 96 horas siguientes.
El objetivo oficial es reducir los niveles de incumplimiento que crecieron fuertemente durante los últimos meses, especialmente entre usuarios que utilizan préstamos digitales de bajo monto y aprobación inmediata.
Uno de cada cuatro usuarios presenta problemas de pago
El avance de las billeteras virtuales modificó de manera acelerada el acceso al crédito en Argentina. Sin embargo, junto con el crecimiento del sector también aumentaron los niveles de endeudamiento y mora.
Actualmente, uno de cada cuatro usuarios presenta dificultades para cumplir con las cuotas de préstamos otorgados por fintech y aplicaciones digitales. El fenómeno preocupa tanto al sistema financiero como a las empresas del sector.
Desde el Banco Central sostienen que la nueva herramienta busca ordenar el sistema y generar mayor previsibilidad para las entidades que ofrecen financiamiento digital.
El modelo toma referencias de experiencias implementadas en países como Brasil, India y Australia, donde los sistemas de débito inmediato ya funcionan para distintos tipos de pagos automáticos.
Mientras tanto, la medida también abre interrogantes entre usuarios que utilizan billeteras virtuales como principal herramienta financiera cotidiana. El nuevo esquema podría modificar la relación entre aplicaciones, bancos y clientes en un contexto donde cada vez más personas recurren al crédito digital para sostener gastos diarios.
ECONOMÍA
EL 85% DE LOS ARGENTINOS ASEGURA QUE EL SALARIO PIERDE CONTRA LA INFLACIÓN
Un informe privado reveló un fuerte deterioro en la percepción económica y mostró que cada vez más personas sienten que no logran llegar a fin de mes.
La sensación de que los ingresos ya no alcanzan para sostener el ritmo de aumento de precios volvió a quedar reflejada en un nuevo informe nacional. Un relevamiento de la consultora Zentrix indicó que el 85,1% de los argentinos considera que su salario perdió frente a la inflación, en medio de un escenario marcado por caída del poder adquisitivo, recortes de consumo y dificultades crecientes para llegar a fin de mes.
El estudio se conoció luego de los últimos datos salariales difundidos a nivel nacional, que mostraron que los sueldos del sector privado registrado aumentaron un 3% en marzo, mientras que la inflación alcanzó el 3,4% en el mismo período.
Según el Monitor de Opinión Pública elaborado por la consultora, la percepción negativa dejó de aparecer como una situación temporal y comenzó a instalarse como una condición permanente dentro de la economía cotidiana de muchas familias.
El informe señaló que el malestar no se limita únicamente a la pérdida de capacidad de compra. También creció la sensación de falta de previsibilidad económica y de pérdida de control sobre la organización diaria de los gastos.
De acuerdo con los datos relevados, siete de cada diez personas consideran además que las cifras oficiales del INDEC no reflejan completamente el aumento de precios que perciben en supermercados, servicios y gastos cotidianos.
La encuesta marcó además un deterioro sostenido en los últimos meses. En septiembre de 2025, el 77% de los consultados afirmaba que su salario no lograba superar la inflación. Ese porcentaje subió al 85,1% en mayo de 2026.
En paralelo, cayó la cantidad de personas que consideran que sus ingresos sí acompañan la evolución de los precios. Según el informe, ese grupo pasó del 19,8% al 11,3% en menos de un año.
El relevamiento también expuso diferencias políticas respecto de la interpretación del escenario económico actual. Entre quienes votaron al oficialismo en 2025, el 66,2% sostuvo que sus ingresos quedaron por debajo de la inflación. En sectores opositores, la percepción negativa alcanzó al 98,7% de los encuestados.
Pese a esas diferencias, la consultora remarcó que las dificultades económicas atraviesan a todos los espacios políticos, aunque con distintas lecturas sobre las causas y el impacto del ajuste.
Otro de los datos incluidos en el informe estuvo relacionado con la duración de los ingresos mensuales. Entre los votantes opositores, casi siete de cada diez afirmaron que el dinero les alcanza solamente hasta el día 20 de cada mes.
Dentro del oficialismo, aunque los niveles de preocupación aparecen algo menores, una parte importante de los encuestados también reconoció problemas para sostener gastos básicos durante todo el mes.
El estudio concluyó además que la desaceleración inflacionaria no alcanza por sí sola para modificar la percepción social sobre la economía. Según el relevamiento, la mejora en los indicadores macroeconómicos todavía no se traduce en una recuperación
INVIERNO
LAS FACTURAS DE GAS PODRÍAN SUPERAR EL 100% DE AUMENTO EN USUARIOS DE ZONA FRÍA
El esquema de subsidios que beneficia a millones de hogares podría sufrir cambios en pleno invierno. En algunas regiones ya advierten aumentos que superarían el 100%.
El beneficio tarifario que durante los últimos años alivió el costo del gas en buena parte del país quedó nuevamente bajo análisis y abre un escenario de fuerte preocupación para millones de usuarios residenciales. El Gobierno nacional avanza con una revisión del régimen de “zona fría” y las modificaciones podrían impactar de lleno en las facturas que llegarán durante los próximos meses.
La medida afecta especialmente a provincias patagónicas, localidades del centro del país y municipios incorporados al sistema desde 2021, donde el consumo de gas resulta indispensable para afrontar las bajas temperaturas del invierno.
Actualmente, el régimen otorga descuentos de entre el 30% y el 50% sobre las tarifas de gas natural según el perfil socioeconómico de cada usuario. Ese esquema permitió amortiguar el costo del servicio en regiones donde la calefacción representa una necesidad básica y no un gasto opcional.
Sin embargo, la política oficial de reducción de subsidios energéticos comenzó a modificar ese escenario. El Ministerio de Economía trabaja sobre una nueva segmentación tarifaria que podría reducir beneficios para sectores medios y redefinir parte de las bonificaciones vigentes.
https://inforoldan.com.ar/n-2383-diputados-aprobo-el-recorte-de-zona-fria-y-santa-fe-quedo-entre-las-afectadas
En el sector energético ya circulan estimaciones que anticipan aumentos muy por encima de los registrados durante el año pasado. Algunos hogares podrían enfrentar incrementos superiores al 100%, especialmente aquellos que hoy reciben subsidios parciales y quedarían alcanzados por nuevos criterios de ingresos y consumo.
El impacto no sería uniforme. El valor final de las boletas dependerá de múltiples variables: ubicación geográfica, categoría del usuario, nivel de ingresos y volumen consumido durante los meses de mayor demanda residencial.
La situación genera especial inquietud en regiones del sur argentino y zonas del interior bonaerense, donde las temperaturas extremas obligan a mantener un uso intensivo de calefacción durante gran parte del invierno. Allí, el gas representa uno de los gastos esenciales dentro de la economía familiar y cualquier modificación tarifaria tiene un efecto directo sobre el presupuesto mensual.
El régimen de zona fría había sido ampliado en 2021 mediante una ley aprobada por el Congreso que incorporó a más de tres millones de usuarios adicionales. Provincias como Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Luis y Buenos Aires pasaron a integrar el esquema con distintos niveles de subsidio.
Desde entonces, el sistema quedó en el centro de discusiones económicas y políticas vinculadas al peso de los subsidios sobre las cuentas públicas. El oficialismo sostiene que la actualización tarifaria busca corregir desequilibrios fiscales y avanzar hacia precios más cercanos al costo real de los servicios energéticos.
En contraste, asociaciones de consumidores y gobiernos provinciales advierten que la reducción de subsidios podría profundizar el deterioro del poder adquisitivo en un contexto de inflación persistente y caída del consumo.
Mientras tanto, distribuidoras y organismos reguladores continúan trabajando en la definición de nuevos cuadros tarifarios y mecanismos de actualización. Esa etapa será clave para determinar el verdadero impacto que tendrán los cambios sobre cada categoría de usuario.
Con el invierno cada vez más cerca y el consumo de calefacción en ascenso, la incertidumbre sobre el futuro de la zona fría ya empezó a trasladarse a millones de hogares que esperan conocer cuánto deberán pagar por el gas en los próximos meses.
RETENCIONES
EL GOBIERNO ANUNCIÓ MENOS IMPUESTOS AL CAMPO Y BUSCA ACELERAR EXPORTACIONES
El Gobierno anunció una nueva reducción para soja, trigo y cebada mientras busca acelerar exportaciones, sostener reservas y consolidar la estabilidad cambiaria en plena recuperación económica.
El Gobierno nacional volvió a mover una de las variables más sensibles de la economía argentina: las retenciones al campo. Durante un encuentro realizado en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el presidente Javier Milei confirmó una nueva reducción de los derechos de exportación para soja, trigo y cebada, una medida con la que el oficialismo apunta a reforzar el ingreso de dólares y profundizar la estabilidad cambiaria.
La decisión llega en un momento clave para la economía. Tras un abril récord en exportaciones y con el mayor superávit comercial de los últimos 24 años, la Casa Rosada busca mantener el flujo de divisas que permitió fortalecer las reservas del Banco Central y sostener la calma en el mercado cambiario.
La rebaja anunciada contempla una disminución de las alícuotas para los principales cultivos exportables. En el caso del trigo y la cebada, las retenciones pasarán del 12% al 9,5%, mientras que para la soja se proyecta una reducción gradual a partir de 2027.
Durante su exposición, Milei volvió a cargar contra los derechos de exportación y reiteró que su objetivo es avanzar hacia una eliminación definitiva del esquema. “Son un robo”, insistió el mandatario frente a representantes del sector agroindustrial.
La medida fue interpretada como un nuevo gesto político hacia el campo, uno de los sectores con los que el Gobierno intenta consolidar una alianza estratégica desde el inicio de la gestión. Pero además tiene un objetivo económico inmediato: incentivar una mayor liquidación de exportaciones para seguir acumulando reservas y evitar tensiones sobre el dólar.
En paralelo al anuncio, el Banco Central volvió a cerrar una jornada positiva. La autoridad monetaria compró 145 millones de dólares y las reservas brutas alcanzaron los 46.751 millones, el nivel más alto de los últimos siete años.
La tranquilidad cambiaria también continuó reflejándose en las cotizaciones. El dólar oficial, el blue, el MEP y el contado con liquidación mostraron bajas, mientras las brechas cambiarias quedaron prácticamente neutralizadas. El oficial terminó en torno a los 1.411 pesos y el blue apenas se ubicó un punto por encima.
La reacción financiera fue inmediata. El índice S&P Merval trepó 3,3% y las acciones argentinas que cotizan en Nueva York registraron fuertes subas, impulsadas principalmente por bancos y empresas energéticas. Entre las más destacadas aparecieron Grupo Financiero Galicia, Banco Macro, Supervielle y Pampa Energía.
Mientras tanto, el INDEC informó una mejora en la actividad económica. El EMAE registró una suba mensual de 3,5% en marzo y un crecimiento interanual de 5,5%, con mejoras en casi todos los sectores relevados.
Sin embargo, la recuperación no aparece homogénea. Algunos segmentos vinculados a la producción continúan mostrando dificultades. Según datos del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina, la facturación de los tambos cayó 10% interanual durante el primer cuatrimestre, mientras que el consorcio exportador ABC informó un derrumbe del 26,5% en las exportaciones de carne durante abril frente al mes anterior.
Otro fenómeno que comenzó a generar preocupación en sectores industriales es el fuerte crecimiento de las compras al exterior mediante sistemas courier. Con un dólar estabilizado y precios internacionales más bajos que los locales, crecieron las importaciones particulares de electrónica, ropa, repuestos y productos tecnológicos.
Fabricantes y comerciantes advierten que la apertura comercial y el atraso cambiario generan una competencia difícil de sostener para la industria nacional, especialmente en rubros vinculados al consumo masivo.
En el plano político, el oficialismo también consiguió avanzar en el Congreso. La Cámara de Diputados otorgó media sanción a la denominada “ley de hojarasca”, un proyecto impulsado por el Gobierno para eliminar regulaciones y normativas consideradas obsoletas.
En Santa Fe, además, la Provincia avanza con un fideicomiso destinado a financiar obras viales y de infraestructura vinculadas al complejo portuario del Gran Rosario, una de las principales zonas de ingreso de divisas del país.
A nivel internacional, los mercados siguieron atentos a las señales provenientes de Estados Unidos. Wall Street cerró con mayoría de subas luego de los balances positivos presentados por Nvidia, mientras persistieron las tensiones geopolíticas vinculadas a Irán y los movimientos en los precios del petróleo y los commodities agrícolas.
PRESTACIONES
EL GOBIERNO OFICIALIZÓ UN NUEVO AUMENTO PARA PRESTACIONES POR DISCAPACIDAD
El Gobierno actualizó los aranceles del sistema nacional con una suba del 2,60% para mayo y mantuvo beneficios especiales para algunas provincias.
Las prestaciones destinadas a personas con discapacidad volverán a aumentar este mes tras la publicación de una nueva actualización oficial del nomenclador nacional. El Gobierno nacional confirmó una suba del 2,60% en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, medida que impactará sobre servicios, tratamientos y prestaciones integrales en todo el país.
La actualización fue oficializada este jueves mediante la Resolución 517/2026 publicada en el Boletín Oficial y se aplicará sobre los valores vigentes establecidos previamente por la Secretaría Nacional de Discapacidad.
El incremento toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a abril de 2026 y se suma al aumento del 3,40% que había sido otorgado el mes pasado.
De esta manera, el Ejecutivo mantiene el esquema de ajustes mensuales para el sector, en un contexto donde prestadores y familias vienen reclamando recomposiciones periódicas frente al avance de la inflación y el aumento de costos operativos.
La medida alcanza a todas las prestaciones incluidas dentro del sistema nacional de atención integral para personas con discapacidad, creado por la Ley 24.901.
Entre los servicios contemplados se encuentran acompañamientos terapéuticos, transporte, hogares, centros de día, rehabilitación, apoyos educativos y distintas prestaciones interdisciplinarias que forman parte de la cobertura integral.
En los fundamentos de la resolución, el Gobierno recordó que las actualizaciones arancelarias se realizan de manera periódica a partir de propuestas elevadas por el Directorio del sistema.
Además de confirmar la nueva suba, la normativa ratificó la continuidad del adicional por zona desfavorable para provincias patagónicas.
Ese beneficio contempla un reconocimiento extra del 20% sobre el valor básico de las prestaciones brindadas en esa región, tal como establece el artículo 7 bis de la Ley 24.901.
La actualización llega en medio de reiterados reclamos de instituciones y profesionales vinculados al sector de discapacidad, que vienen advirtiendo dificultades económicas para sostener servicios y prestaciones ante el incremento de costos.
En distintos puntos del país, prestadores señalaron durante los últimos meses problemas relacionados con demoras en pagos, desfasajes arancelarios y complicaciones para mantener estructuras de atención.
El nuevo ajuste busca acompañar parcialmente la evolución inflacionaria mientras continúa el esquema de actualizaciones mensuales impulsado por el Gobierno nacional.
CRISIS
UN INFORME REVELÓ QUE EL 87% DE LOS ARGENTINOS NO LLEGA A CUBRIR GASTOS BÁSICOS
Un informe privado reveló un fuerte deterioro en la percepción económica de los argentinos pese a la desaceleración de la inflación.
Aunque la inflación mostró señales de desaceleración durante los últimos meses, la mejora todavía no se refleja en el bolsillo de la mayoría de los trabajadores argentinos. Un relevamiento privado advirtió que el 87% considera que su salario no alcanza para cubrir gastos básicos y que nueve de cada diez personas ya no pueden ahorrar.
El dato surge de un estudio realizado por Bumeran sobre más de 6.400 casos relevados en distintos países de la región, donde además quedó expuesto un crecimiento sostenido del endeudamiento y una pérdida de capacidad de compra respecto del año pasado.
La percepción económica empeoró de manera marcada en comparación con 2025. Según el informe, el 74% de los encuestados aseguró haber perdido poder adquisitivo durante los últimos meses, una cifra que aumentó significativamente frente a la medición anterior.
El problema aparece reflejado principalmente en la dificultad para llegar a fin de mes. Siete de cada diez trabajadores afirmaron que el salario no les dura más de dos semanas y, dentro de ese grupo, muchos reconocieron que apenas cobran deben destinar casi todo el ingreso al pago de cuentas, alquileres o deudas acumuladas.
El relevamiento también mostró cuáles son hoy los gastos que más presión generan sobre los ingresos mensuales. Para el 44% de los consultados, el alquiler representa el principal desembolso económico, seguido por alimentos y pagos vinculados a obligaciones financieras.
La imposibilidad de ahorrar quedó como otro de los indicadores más preocupantes del informe. El 90% sostuvo que no logra guardar dinero a fin de mes y, entre quienes sí consiguen hacerlo, la mayoría apenas puede reservar una pequeña parte del sueldo.
Entre las razones que explican esa situación aparecen los bajos ingresos, el aumento de gastos fijos y el peso creciente de las deudas personales.
El endeudamiento, de hecho, volvió a crecer durante el último año. El 77% reconoció tener algún tipo de deuda vigente, una cifra superior a la registrada en 2025.
El informe también reveló cómo impactaría un eventual aumento salarial en las decisiones económicas de los trabajadores. Casi la mitad afirmó que utilizaría ese dinero para cancelar deudas pendientes antes que para consumir o ahorrar.
La situación se da en paralelo a los últimos datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, que mostraron que los salarios registrados crecieron durante marzo en niveles similares a la inflación mensual.
Sin embargo, distintos análisis económicos advierten que los ingresos todavía arrastran una pérdida acumulada de poder adquisitivo frente al aumento sostenido de precios registrado en los últimos años.
El estudio volvió a poner en evidencia una problemática que atraviesa a gran parte de los hogares argentinos: aun con una desaceleración inflacionaria, el ingreso sigue quedando por detrás de las necesidades básicas y cada vez más familias dependen del crédito o del endeudamiento para sostener gastos cotidianos.
SUBSIDIOS
DIPUTADOS APROBÓ EL RECORTE DE ZONA FRÍA Y SANTA FE QUEDÓ ENTRE LAS AFECTADAS
El sistema de subsidios al gas natural para millones de usuarios de zonas frías quedó más cerca de sufrir un fuerte recorte luego de que la Cámara de Diputados de la Nación aprobara este martes un proyecto impulsado por el Gobierno nacional que reduce el alcance geográfico del régimen vigente.
La iniciativa consiguió media sanción tras una extensa sesión de más de 11 horas y ahora pasará al Senado, donde el oficialismo buscará convertirla en ley. El resultado final fue de 132 votos afirmativos, 105 negativos y cuatro abstenciones.
El proyecto plantea modificar el esquema actual de subsidios al consumo de gas, conocido como régimen de “zona fría”, que beneficia a usuarios de distintas provincias argentinas mediante descuentos en las tarifas.
Entre las jurisdicciones alcanzadas por la posible reducción aparecen sectores de Santa Fe, Córdoba y otras provincias incorporadas al sistema durante los últimos años.
El debate dejó expuestas fuertes diferencias políticas dentro del Congreso y también tensiones entre legisladores de provincias que podrían verse perjudicadas por la medida.
Para reunir los votos necesarios, el oficialismo articuló acuerdos con sectores del PRO, la Unión Cívica Radical, el MID, Innovación Federal, Independencia y Producción y Trabajo.
En paralelo, algunos espacios aliados mostraron divisiones internas durante la votación. Uno de los casos que llamó la atención fue el de los diputados de Elijo Catamarca, alineados con el gobernador Raúl Jalil, que finalmente optaron por abstenerse.
También se registraron diferencias dentro de otros bloques considerados dialoguistas. La diputada Karina Banfi acompañó el proyecto pese a haber cuestionado públicamente el recorte en los días previos al debate.
Desde la oposición, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda y de Trabajadores rechazaron de manera unificada la iniciativa, argumentando que el cambio impactará directamente sobre hogares que dependen del beneficio para afrontar el costo del gas.
El rechazo también incluyó legisladores de provincias afectadas por la quita parcial del subsidio, especialmente representantes de Santa Fe y Córdoba, donde varios diputados votaron en contra por el impacto económico que podría generar la modificación tarifaria.
Durante el debate, uno de los puntos más sensibles fue precisamente el alcance territorial del régimen. Distintos legisladores advirtieron que el esquema actual había sido ampliado para contemplar zonas con bajas temperaturas y dificultades económicas, más allá de la Patagonia.
La votación también dejó situaciones particulares dentro de bloques provinciales y federales. Algunos legisladores evitaron fijar postura formal y directamente no participaron de la votación al cierre de la sesión.
El proyecto deberá ahora atravesar el debate en el Senado, donde el oficialismo buscará sostener los acuerdos políticos alcanzados en Diputados para avanzar con la sanción definitiva.
Mientras tanto, el posible recorte del régimen de zona fría ya comenzó a generar preocupación en distintas provincias por el impacto que podría tener en las facturas de gas de usuarios residenciales.
TURISMO
DESDE JUNIO EL INGRESO A LOS PARQUES NACIONALES COSTARÁ MÁS CARO
Viajar a algunos de los parques nacionales más visitados del país será más caro desde junio. La Administración de Parques Nacionales oficializó una fuerte actualización en el valor de las entradas y modificó el sistema de cobro para distintas áreas protegidas de Argentina.
La medida fue publicada en el Boletín Oficial y comenzará a regir a partir del 1° de junio. Según se informó, el objetivo es fortalecer la infraestructura y los servicios dentro de los parques nacionales.
El Parque Nacional Iguazú encabezará el nuevo cuadro tarifario con una entrada general de 60 mil pesos. Detrás aparecen Los Glaciares, con tickets de 50 mil pesos, y Tierra del Fuego, que tendrá ingresos de 40 mil.
En tanto, parques como Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Los Alerces, Lanín y Lago Puelo pasarán a costar 35 mil pesos. Otras áreas protegidas, entre ellas El Palmar, Talampaya, Sierra de las Quijadas, Iberá y Calilegua, tendrán entradas de 25 mil pesos.
Además del aumento, el Gobierno implementará nuevas modalidades de descuentos y bonificaciones para incentivar estadías más largas dentro de los parques.
Entre las novedades aparece una reducción del 50% para quienes ingresen un segundo día consecutivo dentro de las 72 horas posteriores a la primera visita.
También comenzará a aplicarse el denominado “Flexipass”, una modalidad que permitirá acceder tres días pagando dos o ingresar siete días abonando solo cinco jornadas.
Otra alternativa será el pase anual, que habilitará el ingreso ilimitado a todos los parques nacionales y áreas protegidas durante un año completo. El valor equivaldrá al costo de cinco días de la categoría elegida.
La resolución también mantiene exenciones para jubilados y pensionados, menores de seis años, personas con discapacidad, veteranos de Malvinas, visitas educativas y, en algunos parques, residentes locales.
El nuevo esquema alcanza a más de 15 parques nacionales y forma parte de una reorganización integral del sistema de acceso y financiamiento de las áreas protegidas administradas por el Estado nacional.
BOLSILLO
UNA FAMILIA TIPO NECESITÓ CASI $1,5 MILLONES PARA NO CAER EN LA POBREZA EN ABRIL
El dato mostró una desaceleración en abril, impulsada principalmente por una menor presión en los precios de los alimentos. Aun así, el costo de vida sigue muy por encima de gran parte de los ingresos.
Una familia tipo necesitó en abril $1.469.767,89 para cubrir la Canasta Básica Total y no quedar por debajo de la línea de pobreza. El dato representa la suba mensual más baja en más de seis meses y aparece como una señal de desaceleración en medio de un escenario económico todavía marcado por la pérdida de poder adquisitivo.
La moderación estuvo explicada principalmente por el menor incremento de la Canasta Básica Alimentaria, indicador que define el umbral de indigencia. En ese segmento, la desaceleración estuvo vinculada a una menor presión en los precios de la carne y algunos productos frescos, que habían registrado fuertes aumentos en meses anteriores.
La Canasta Básica Total mide el costo de bienes y servicios esenciales para el sostenimiento de un hogar, incluyendo alimentos, transporte, vestimenta y otros gastos corrientes. Cuando una familia no alcanza ese ingreso mínimo, pasa a ser considerada pobre según los parámetros oficiales.
En paralelo, la Canasta Básica Alimentaria contempla únicamente los productos necesarios para cubrir los requerimientos nutricionales mínimos. Si los ingresos no llegan a cubrir ese monto, el hogar es catalogado como indigente.
Aunque el dato de abril marcó una desaceleración, el costo de vida continúa en niveles elevados frente a salarios, jubilaciones y programas sociales. En muchos hogares, los ingresos todavía quedan lejos de cubrir las necesidades básicas, lo que obliga a recurrir a trabajos informales, endeudamiento o asistencia estatal para sostener el consumo cotidiano.
La evolución de la canasta básica es uno de los indicadores más observados por sindicatos y gobiernos al momento de discutir paritarias y actualizaciones sociales. Por eso, la menor suba registrada en abril fue tomada como una señal positiva, aunque todavía insuficiente para revertir el deterioro acumulado en los últimos meses.
Especialistas advierten que la estabilidad en los precios de los alimentos será clave para determinar si esta desaceleración logra consolidarse. El comportamiento de la carne, los productos de almacén y los servicios regulados seguirá siendo determinante para el bolsillo de millones de familias argentinas.