En una extensa sesión que se prolongó hasta altas horas de la noche, el Senado de la Nación dio media sanción al proyecto de reforma de la ley de Salud Mental, una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo que introduce modificaciones centrales en los criterios de internación involuntaria y en la gestión de los tratamientos. El texto, que ahora fue girado a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva, obtuvo un respaldo de 42 votos a favor frente a 21 rechazos.

El dictamen de mayoría se consolidó gracias al acuerdo político entre los bloques de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y diversas bancadas provinciales como Movimiento por Misiones, Primero los Salteños, Despierta Chubut, Provincias Unidas y Movere Santa Cruz. Por el contrario, los 21 votos negativos provinieron del bloque Justicialista, Independencia y Convicción Federal. La discusión sobre el proyecto comenzó formalmente pasadas las 22:30 horas, luego de la aprobación de normativas vinculadas a inversiones y al Mercado Voluntario de Carbono.

Durante la apertura del debate, la senadora oficialista Ivana Arrascatea resumió el espíritu de la iniciativa: "Si tuviera que resumir este dictamen de reforma a la Ley de Salud Mental en una palabra sería: 'llegar a tiempo'". La legisladora remarcó la necesidad de "pasar del riesgo inminente al riesgo grave, mirando la historia completa del paciente", al tiempo que calificó la legislación previa como insuficiente. En la misma línea, la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, aclaró que la internación involuntaria funcionará como un recurso de excepcionalidad enfocado en la prevención.

En la vereda opuesta, las críticas no tardaron en llegar. El senador Guillermo Andrada cuestionó el impacto presupuestario de la medida al señalar que "el modelo comunitario no fue acompañado por los recursos que le corresponden". A su turno, el gobernador santiagueño y senador Gerardo Zamora advirtió que la reforma sobrecarga de tareas a las provincias sin previsión financiera: "Sin recursos no hay salud, no hay federalismo", sentenció. Por su parte, Maximiliano Abad (UCR) valoró las mejoras introducidas al texto pero marcó diferencias respecto a la permanencia de hospitales monovalentes.

El nuevo articulado introduce cambios sustanciales en el abordaje clínico. Entre los puntos más destacados, se habilita la internación involuntaria ante situaciones de riesgo grave para la vida propia o de terceros, la cual podrá ser dispuesta inicialmente por un solo médico ante un cuadro de urgencia, debiendo ser revalidada por un equipo interdisciplinario en un plazo no mayor a 48 horas. Asimismo, se incorpora la posibilidad de realizar teleconsultas con especialistas en psiquiatría y se establece la notificación directa a la sede judicial en lugar de requerir una resolución previa de un juez.

El proyecto también instituye como requisito obligatorio la confección de un plan de egreso desde el diagnóstico inicial, manteniendo la prohibición legal de abrir o crear nuevos manicomios. Como novedad en materia de salud pública, la ludopatía es incorporada formalmente al catálogo de adicciones contempladas para recibir tratamiento especializado, mientras que la atención a menores de edad quedará restringida a profesionales con formación infantojuvenil en espacios edilicios diferenciados.